Presuntos sobornos para abrirle el camino a varios contratos de obras públicas en Costa Rica a través de la constructora MECO, esa es la acusación que pesa sobre cinco alcaldes del país centroamericano, capturados por 600 agentes y 32 fiscales en la llamada “operación diamante”.
Las detenciones del alcalde de la capital San José, Johnny Araya, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, el homólogo de Alajuela, Humberto Soto, así como el intendente de Osa, Alberto Cole, y el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, fueron realizadas el lunes de esta semana.
Según Glen Clavo, fiscal anticorrupción del país, “el punto concéntrico de actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, hace sugerencias y cancela dádivas”.
Mientras tanto, tanto dicha compañía como el abogado de Araya, Alfonso Ruiz, declararon su desconocimiento sobre la investigación en curso y los cargos por los que están siendo acusados.
“La fiscalía está esperando para explicar los motivos por los cuales está procediendo la diligencia y en este momento no tengo, objetivamente les digo, ninguna otra información”, explicó Ruiz cuando habló ante los medios en la casa de su cliente.
Araya fue detenido de manera pacífica en su residencia, allanada por los oficiales de seguridad de Costa Rica.
Desde hace dos años
De acuerdo con lo reseñado por la BBC Mundo, la operación diamante tuvo sus comienzos durante el 2019, un año en el que se escuchó una denuncia por varios sobornos efectuados hacia un grupo de funcionarios.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, explicó que estos cinco alcaldes y otros funcionarios que no han sido nombrados están siendo acusados por ser los receptores de “dádivas y sobornos”.
Asimismo, la BBC dijo que supuestamente recibían dinero para que los beneficios en licitaciones, pagos adelantados de facturas o anticipaciones de obras públicas fueran dados a MECO y otros proveedores.
“La empresa continúa trabajando con normalidad, y colaborará en lo necesario con las autoridades que atienden este caso”, comunicó la empresa constructora, la cual no solo trabaja en Costa Rica sino en El Salvador, Nicaragua, Colombia y Panamá.
Espinoza dijo que “este caso implica una investigación previa muy seria, muy bien hilvanada y con absoluta planificación”, mientras que Clavo comentó que las licitaciones de obras públicas están relacionadas con varios proyectos viales.
40 allanamientos simultáneos
San José, Cartago, Escazú, Siquirres, Osa y Alajuela son las regiones en los que los cientos de agentes y las decenas de fiscales realizaron 40 allanamientos de manera simultánea en un total de 84 puntos diferentes.
Entre los lugares requisados por las autoridades el lunes están las viviendas de los funcionarios, oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las oficinas que se vinculan con la construcción.
Se espera que la evidencia que se quiere encontrar con los allanamientos pueda abrir el camino para el estudio “de diferentes licitaciones de la estructura vial cantonal, ejecutada por estas municipalidades, así como algún tipo de información presupuestaria y de facturación que se haya dado”, dijo Clavo.
Otra operación sobre hechos de corrupción en cuanto a la licitación de obras viales está ocurriendo en paralelo a “diamante”, pero desde junio: “Cochinilla”.
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