El miércoles, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la Corte Penal Internacional (CPI) abre una investigación formal, en este caso para determinar si se cometieron o no crímenes de lesa humanidad desde, al menos, el año 2017.
El anuncio de la investigación fue realizado por el fiscal de la CPI, Karim Khan, quien llegó el domingo de la semana pasada a Caracas tras ser invitado por Maduro para mantener diferentes reuniones. Se trató de su primera visita a la nación.
Durante la tarde del miércoles, Khan y Maduro firmaron un Memorando de Entendimiento en el que se expresa la culminación del examen preliminar Venezuela I, abierto en 2018, y que ahora, “de conformidad con el Estatuto de Roma”, se encontraría “la verdad”.
Por su parte, el líder del régimen chavista resaltó que no aprobaba el inicio de la siguiente fase del proceso de la CPI, “pero la respetamos”.
Desde hace un tiempo, la labor de Khan sobre Venezuela se había concentrado, según Liliana Ortega, defensora de los Derechos Humanos, en investigar los delitos cometidos y sus tipos, así como el contexto en el que ocurrieron y si las víctimas pudieron acceder a la justicia.
En la historia del país latinoamericano, las protestas antigubernamentales del 2017 fueron unas de las más violentas con varias docenas de muertos. Los venezolanos habían salido a las calles para manifestar su descontento hacia la situación alimentaria, la inflación y los índices de inseguridad.
Lo que hay que resaltar de esta visita del fiscal de la CPI es que la razón por la que la investigación fue abierta es porque el tribunal de justicia posee “elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, según la BBC.
En dicha investigación, el trabajo de Karim Khan será precisar cuáles fueron los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, según lo que él y los hechos puedan demostrar.
“Ahora en esta fase de investigación comenzarían a establecerse las responsabilidades individuales en los casos en los que la corte decida comenzar el procedimiento”, comentó al respecto Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, una organización de Derechos Humanos.
Según él, esta nueva fase comenzó debido a que se pudo determinar que las investigaciones de los crímenes no eran las correctas y no se estaban realizando con la “buena voluntad” de la justicia de Venezuela.
Una etapa muy compleja
De acuerdo con lo dicho por Ortega, la complejidad de esta fase viene dada por la indagación de la línea de ataque, así como por la determinación de si en los crímenes hubo política de Estado y sistematicidad.
“Va más allá de las violaciones de Derechos Humanos”, señaló la mujer de 56 años de edad, quien también dijo que informar sobre los casos específicos que investigará la CPI es una cuestión delicada pues se puede dar lugar a la “revictimización”.
Asimismo, se supo que para que cada crimen sea evaluado a profundidad por la CPI debe contar con suficientes pruebas. Concretamente, el organismo investigará las presuntas torturas, desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo “la detención del Estado”.
Juicio contra Maduro, Estatuto de Roma y la imagen del chavismo
Además de la histórica decisión, hay que resaltar que esta investigación se puede traducir en un posible juicio contra Maduro y los integrantes de su régimen. Pero hasta ahora, según el fiscal de la CPI, no hay personas señaladas por la justicia.
Caracas está actualmente en una posición en la que debe cooperar con el proceso, pues el país dio su ratificación al Estatuto de Roma, un instrumento que permitió la creación de la CPI.
Aunado a ello, el principio de complementariedad será el instrumento que regirá la averiguación de Khan. Según Rafael Uzcátegui, este principio se traduce en que la CPI puede dar por terminada la investigación si encuentra que Venezuela ha cooperado, genuinamente, con la justicia.
Sin embargo, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, aseguró este jueves que lo anunciado ayer no “cumple con los requisitos del Estatuto de Roma”, y habló sobre la petición de Venezuela a la CPI para que indagara en crímenes de lesa humanidad presuntamente ocasionados por Estados Unidos.
La solicitud del régimen, emitida el 13 de febrero del año pasado y acompañada de ocho informes con más 3.000 páginas de información, dice que Washington produjo crímenes de lesa humanidad por “la aplicación de medidas coercitivas ilegales” tomadas “unilateralmente”.
Para Uzcátegui, lo que ocurre con Venezuela se replicará en la región y se podría ver cómo las violaciones de Derechos Humanos en otros países evitan llegar “a estos niveles de gravedad”.
El coordinador general de Provea dijo que este “es un golpe muy importante a la imagen internacional del gobierno bolivariano”, mientras que Ortega enfatizó que la investigación es otro paso más dentro del proceso de la justicia internacional.
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