Un nuevo dilema político se ha desatado en América Latina y el Caribe a raíz de la reciente inyección de hasta $50.300 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.
El uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional diseñado en el año 1969 para la complementación de activos de reserva de los países pertenecientes al FMI, fueron expedidos en agosto con el propósito de responder a la pandemia y a la crisis global.
Mientras que en México las autoridades monetarias aseguran que en realidad el dinero es “propiedad del Banco Central” y que el Gobierno de López Obrador no puede disponer de él, en Argentina se inclinan por usarlo para aliviar la crisis social.
Argentina: “la prioridad es la gente”
Los primeros meses del Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández coincidieron con el anuncio de la pandemia y el posterior confinamiento, lo cual agravó la situación macroeconómica del país.
La asignación a la nación gaucha de $4.334 millones ha encendido el debate entre los grupos de legisladores de la coalición Frente de Todos, así como en los movimientos sociales de izquierda que solicitaron usar dichos recursos en inversiones sociales.
A través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el grupo mayoritario de senadores del oficialismo pidió usar los recursos en “los graves problemas de la sociedad” argentina, tales como educación, vivienda, salud, entre otros.
Este llamado se hizo a pesar de la deuda contraída con el FMI y el Club de París, organismos multilaterales con los que Buenos Aires tiene compromisos en materia económica.
Jorge Marchini, catedrático y coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, aseguró que a la hora de renegociar el vencimiento de la deuda “el Gobierno debe anteponer las necesidades de la gente, antes de cumplir las exigencias de los acreedores”.
Dos visiones encontradas
Marchini sostuvo que hay dos visiones encontradas en América Latina y el Caribe: la de un sector que apuesta por el incremento de las reservas internacionales y la de otro que fomenta la recuperación de la “economía real” y la atención de necesidades como las vacunas contra el covid-19.
“La presión de los mercados internacionales sobre Argentina es tan grande que prevalece la visión de usar los DEG para pagar dos cuotas de amortización del crédito con el FMI que, de hecho, está muy cuestionado por la forma en que fue adquirido por el Gobierno anterior de Mauricio Macri”, lamentó.
“Hay que volver a discutir sobre las condiciones financieras de América Latina, qué vamos a hacer para impulsar la recuperación de nuestras economías, incluso plantear una modificación de los organismos multilaterales”, añadió.
México
Apenas se supo que a México le serían asignados unos $12.117 millones de los DEG, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, descartó que la cifra se pueda usar para el fin propuesto por López Obrador: pagar deudas con muchos intereses.
El funcionario explicó que “al ser un activo de reserva internacional, no podía utilizarse para pagar la deuda, por mandato de ley”.
Sin embargo, Andrés Arauz, economista y excandidato presidencial de Ecuador, afirmó que se trata de una confusión de conceptos entre “activos de reserva internacional” y la “propiedad” de dichos activos.
“Por ejemplo, si Petróleos Mexicanos (Pemex) vende petróleo y a cambio recibe dólares y luego los deposita en el Banco de México, estos dólares siguen siendo propiedad de la empresa petrolera”, comentó.
“Como están depositados en el Banco de México, a su vez constituyen parte de las reservas internacionales. Lo mismo ocurre en el caso de los DEG”, explicó.
Arauz, otrora representante de Ecuador en el Banco del Sur durante el Gobierno de Rafael Correa, señaló que en concordancia con los artículos XV y XVII del Convenio constitutivo del FMI, el dinero le pertenece a cada país miembro.
Asimismo, alegó que el Convenio es de carácter internacional y que es superior a cualquier legislación nacional. También resaltó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudieron haber usado los DEG.
“Visión dogmática”
Arauz lamentó la “visión dogmática” de las autoridades monetarias del país azteca por, según el, interpretar la ley erróneamente, ocasionando la compra de $7.000 millones al Banco de México en septiembre por parte del Gobierno.
En su conclusión, el economista ecuatoriano determinó que el trasfondo en torno al uso o no de los activos de reserva otorgados por el FMI es “político”.
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