Un juez de Colombia ordenó la reprogramación de la eutanasia de Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años de edad con una enfermedad degenerativa y quien tenía planeado morir el pasado 10 de octubre.
No obstante, el Instituto Colombiano del Dolor (IPS Incodol) suspendió la ejecución a menos de dos días, algo que generó escozor en la opinión pública.
La nueva decisión fue emitida en la orden del titular del Juzgado 20 de Medellín el miércoles. En ella se exhorta al IPS Incodol a “cumplir con lo establecido por el comité científico interdisciplinario para morir dignamente” en su fallo del 6 de agosto.
El juez recalcó en la resolución que de acuerdo con el panel de especialistas, Sepúlveda “cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia”.
A la espera de una nueva fecha
Cabe destacar que la IPS Incodol acordó de forma unánime cancelar el procedimiento al asegurar que no se cumplía “con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité que evaluó su caso”.
Aun así, el miércoles el juez determinó que sí se cumplen con los requisitos mínimos y que dicha decisión “vulneró los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de Sepúlveda”.
La paciente, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2018, debe entonces esperar por una nueva fecha para aplicarse el procedimiento. El juez dio un plazo máximo de 48 horas hábiles para establecer el día y la hora.
157 procedimientos hasta ahora
Con su despenalización en el país neogranadino en 1997 y su posterior figura de ley aprobada en 2015, la eutanasia se ha practicado en la nación cafetera en 157 ocasiones hasta ahora, por lo que la mujer acudió a un alto tribunal para su aprobación.
Los reglas establecidas por el Ministerio de Salud dicen que es necesario que el paciente se encuentre en estado terminal, así como considerar que su vida ha dejado de ser digna por su enfermedad y mostrar su consentimiento “informado, completo y preciso”.
Entre otras lineamientos, se destaca la presencia de un profesional de la medicina autorizado por un comité científico-interdisciplinario.
Sin embargo, la figura establecida como “libertad de conciencia” le permite a los médicos tener la última palabra sobre el procedimiento si este va en contra de sus principios éticos y creencias personales.
El caso de Martha Sepúlveda sería el primero en el que se aprueba una eutanasia en un paciente no terminal, gracias a la extensión del derecho por parte de la Corte Constitucional en julio pasado.
En ella se aclaró que la muerte digna también es un derecho para quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico” ocasionado por una lesión o alguna enfermedad sin cura.
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