Luego de que se registrara un alto repunte de la violencia relacionada con el narcotráfico en Guayas y otras provincias de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decretó, por un periodo de 60 días, un estado de excepción en todo el país.
“En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”, dijo el mandatario en un discurso del lunes, además de asegurar que las calles estarán repletas de funcionarios de la Policía y las Fuerzas Armadas, trabajando en conjunto.
Según la orden, con firma del 18 de octubre, el objetivo es “controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público”.
De igual forma, quedarán establecidos varios controles de armas, de tráfico de drogas y de requisa de drogas, así como trabajos de inspección y vigilancia todos los días y a todas horas.
“Excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, humanidad y apego al uso progresivo de la fuerza” son los principios con los que la policía y los militares deberán operar mientras dure el decreto.
El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos son las provincias en las que estarán activas las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, el también banquero anunció la creación de una “Unidad de Defensa Legal de la fuerza pública” para “la protección de todos aquellos miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que sean demandados por cumplir con su deber”.
También aclaró que todo aquel funcionario que esté cumpliendo una condena impuesta “injustamente” será indultado por su administración. Otro de sus planes es ayudar a los policías con un proyecto de ley que enviará a la Asamblea Nacional.
Por último, Lasso detalló que los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos se encargarían de hacer funcionar un nuevo Comité Interinstitucional.
De acuerdo con sus palabras, dicho comité tendrá la tarea de prevenir y detener las adicciones a las sustancias estupefacientes y ayudar a los adictos a que se reformen para que reingresen a la sociedad.
Masacre en Guayaquil, homicidios y violencia
Todo esto ocurre cerca de cumplirse tres semanas del motín carcelario en la ciudad de Guayaquil, producto de un enfrentamiento entre bandas del narcotráfico mexicano, y que derivó en la muerte de al menos 199 presos.
El Ministerio del Interior informó que la cifra de asesinatos entre enero y agosto de este año fue mayor a la registrada durante 2020. En esos ocho meses, 1.427 asesinatos fueron reportados, mientras que el año pasado ocurrieron 1.372.
Según el medio El Telégrafo, 1.112 actos de violencia criminal integran una lista de 1.885 sucesos delictivos. Mientras tanto, la tasa de homicidios subió de un 5,8% en 2016 a 10,6% en lo que va de año.
Asimismo, en Guayas, una de las provincias con más actividad delictiva, la tasa de crímenes violentos vinculados con las drogas es superior al 70%. Es por eso que el presidente detalló que Ecuador ya es un país de tránsito para el narcotráfico.
Según Lasso, toda la sociedad ecuatoriana debe contribuir con la seguridad del país debido a que el desarrollo nacional se ve afectado por esta situación. “Queremos un Ecuador seguro”, dijo.
Protestas contra la ampliación de las extracciones petrolíferas y mineras
La nueva administración del país suramericano firmó dos decretos, el primero es el Decreto Ejecutivo 95 que implica elevar la producción del petróleo extraído de su Amazonía al millón de barriles por día.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo 151 tiene el objetivo de flexibilizar cada control ambiental para que las compañías mineras de otros países tengan una entrada rápida a la Amazonía.
En respuesta, varias organizaciones indígenas se trasladaron a Quito, la capital, para introducir varias demandas en la Corte Constitucional.
Asimismo, y en paralelo con otros colectivos y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), los indígenas declararon que el 26 de octubre saldrían a las calles para mostrar su rechazo ante estos decretos.
Estos sectores sociales debaten la idea de que la puesta en marcha del estado de excepción está relacionada con las órdenes de extracción de petróleo y las manifestaciones en su contra.
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