El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el domingo los Papeles de Pandora, un informe sobre secretos financieros en el que se describe a EE UU como “uno de los principales actores del mundo ‘offshore'”.
El trabajo periodístico dijo que el Gobierno norteamericano rechazó en 2014 que sus instituciones financieras compartieran datos sobre los activos en otros países a través de un acuerdo respaldado por más de 100 jurisdicciones.
“EE UU tiene más interés en obligar a otros países a compartir información sobre los estadounidenses que tienen cuentas ‘offshore’ que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, empresas y fideicomisos estadounidenses”, aseguró.
Asimismo, un estudio de Adam Hofri-Winogradow, investigador de Israel, resaltó que 17 estados de la nación están ubicados en la lista de las 20 jurisdicciones con menos cantidad de restricciones en todo el mundo.
El ICIJ también habla de que el territorio estadounidense contiene a más de 10 estados que fungen como paraísos fiscales, encargados “de vender confidencialidad financiera”.
Millones de dólares han viajado desde varios de los paraísos fiscales ubicados en el Caribe y en Europa hasta Dakota del Sur, región que protege a los clientes fiduciarios del país y en el exterior, además de brindarles beneficios.
Según el informe, $360.000 millones es el valor de los activos de estos clientes en los fideicomisos de ese estado. Nevada es otra zona con estas operaciones.
Un total de 30 fideicomisos ubicados en EE UU y relacionados con personas extranjeras que están siendo acusadas por “mala conducta” fueron descubiertos por el diario The Washington Post y el ICIJ.
De igual manera, se determinó que Baker McKenzie, hasta ahora posicionado como el despacho de abogados más extenso de ese país, colaboró en la creación del “sistema ‘offshore’ moderno”.
Presidentes, ex presidentes, funcionarios públicos, cantantes, deportistas y más
Con más 11,9 millones de documentos filtrados, el ICIJ reveló que el común denominador son las empresas offshore, usadas para evadir impuestos, lavar dinero y hacer evasiones fiscales.
La lista de involucrados incluye a 35 presidentes actuales y anteriores, como Guillermo Lasso, de Ecuador, relacionado con 10 compañías y fideicomisos offshore en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware.
Se supo asimismo que Lasso aprobó que se hiciera el traspaso de las empresas manejadas por Bernini y Barberini, ambas fundaciones de interés privado, a los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust.
En las reglas de estas fundaciones se establece que, luego de que muera el presidente ecuatoriano, los beneficiarios recibirían aportaciones mensuales. Entre estas personas está su esposa, sus hijos y su hermano, con $23.500 en conjunto.
Lasso aseguró que el uso dado a todas las corporaciones fue legítimo, además de resaltar que el resto de ellas fueron eliminadas y que actualmente no tiene ningún vínculo con las que quedan.
Por otro lado, se descubrió que el presidente de Kenia, Kenyatta, y su madre, reciben beneficios de una fundación secreta ubicada en Panamá, mientras que sus familiares tienen activos de más de $30 millones en cinco empresas offshore.
Por su parte, el rey Abdalá II de Jordania adquirió 14 casas llenas de lujos repartidas entre Estados Unidos y Reino Unido y que en conjunto valen más de $106 millones. La operación fue posible con el uso de sociedades fantasmas en paraísos fiscales.
También está el nombre de Shakira, cantante colombiana que, según su abogado, a pesar de que posee cuentas en el extranjero estas fueron declaradas y no le otorgan ningún tipo de beneficio fiscal.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, está relacionado con Littlecot Inc. y Padresso SA., sociedades de Panamá. El informe dice que en 2018 se conoció que sus hermanos eran accionistas de estas.
Abinader explicó que mientras Littlecot Inc. tiene una propiedad de su familia en territorio nacional, Padresso SA. posee acciones de seis empresas con propiedades de la universidad privada de su familia.
De igual manera, detalló que cada operación se hizo para minimizar los obstáculos administrativos, facilitar las transacciones comerciales y comprar o intercambiar bienes en el exterior.
Otro caso es el de los hijos del mandatario de Chile, Sebastián Piñera, los cuales eran propietarios del 33,3% de las acciones de Dominga, un proyecto minero cuyos valores fueron vendidos a un amigo de la infancia del presidente a través de dos compañías fantasmas en las Islas Vírgenes Británicas.
Un acta de la compraventa fue firmada entre las partes por $14 millones en Chile, mientras que en esas islas fue firmada otra por $138 millones.
Dividido en tres pagos, el último exigía que Piñera no nombrara el terreno de trabajo de Dominga como “santuario natural”. El mandatario terminó aceptando la solicitud y la transferencia fue realizada.
Por otro lado, la empresa Inversiones Odisea, con varias acciones a nombre de sus hijos, absorbió a Parque Chiloé SA, previamente fusionada con Parque Chiloé Overseas Inc, y supuestamente Piñera no tuvo participación alguna.
El presidente chileno dijo que lo sucedido con Dominga ya había sido investigado y que se recibió la recomendación de “terminar la causa por la inexistencia del delito” por parte de la Fiscalía.
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