La prisión de San Quentin en California liberó a varios presos con covid-19 porque, según la portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación estatal, Dana Simas, no “pueden retener a nadie más allá de su fecha de liberación, independientemente de su estado de coronavirus”.
El medio San Francisco Chronicle reseñó asimismo que unos 43 reclusos de los 2.258 infectados durante la pandemia fueron liberados por dicha prisión estatal.
Entre estas personas estaba Chanton Bun, un migrante ilegal de Camboya que arribó a Estados Unidos cuando era un niño y que fue condenado a 49 años y ocho meses tras las rejas por un robo a mano armada a sus 18 años de edad.
A4: Chanthon Bun, a Cambodian refugee who just was granted parole, is medically vulnerable to #COVID19 due to a blood disorder, hypokalemic periodic paralysis, and hypertension. Chanthon deserves to be released to his family, not ICE! @GavinNewsom #VISION4Justice @CACorrections pic.twitter.com/wqDppTmVoM
— CERI (@CERIeastbay) May 14, 2020
Bun salió de San Quentin en julio de este año y, según el artículo que el diario San Francisco Chronicle le dedicó a él y a las fallas en el sistema penitenciario de California, el hombre que ha cumplido casi la mitad de su condena debe ser protegido de la deportación.
El medio dijo que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación “se encontró incapaz de manejar dos desafíos paralelos: un virus que arrasó sus prisiones y la liberación acelerada de los reclusos para ayudar a mitigar la crisis de salud”.
El “covid-19 no dejó un camino claro para muchos presos inmigrantes, cuyo destino está determinado por políticas complejas y conflictivas de múltiples agencias”, añadió.
Sad to say we told you so CA…. San Quentin State prison issued largest COVID-19 penalty due to uncontrolled outbreaks and suffering. https://t.co/Co79moujzc pic.twitter.com/yBnT9XDyla
— Marie Waldron (@MarieWaldron75) February 5, 2021
También señaló que los expertos en salud de las sedes en Berkley y San Francisco de la Universidad de California instaron a San Quentin a liberar a sus presos y así bajar el número de estos a la mitad para evitar un desastre viral interno.
“Los bloques de celdas están mal ventilados y las celdas tienen rejas en lugar de puertas, lo que puede permitir que los patógenos se propaguen por el aire”, según el periódico.
Los Servicios de Atención Médica Correccional de ese estado estipulan que las pruebas de covid-19 deben ser voluntarias, una norma que la prisión decidió obedecer.
San Quentin es la prisión más afectada por casos activos de COVID-19 que ascienden a 500, con 19 muertes reportadas.
— Elliot Zarabi, ESQ (@Zarabi_Law) August 5, 2020
Ante la falta de acción, los ciudadanos organizaron una protesta frente a la casa del gobernador #Newsom para exigir la liberación de la mitad de los confinados. pic.twitter.com/YFu0XX3QcF
La misma regla se aplica para las habitaciones de los hoteles asignados para estos individuos, donde permanecerían durante la cuarentena tras su liberación como parte del inicio del programa estatal llamado Proyecto Esperanza.
Volviendo al caso de Bun, el medio californiano explicó que si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se hubieran enterado de su situación y lo encontraban, lo más seguro es que su paradero actual fuese un centro de detención de migrantes.
“Esas instalaciones han sido vulnerables a los brotes de covid debido a las condiciones de hacinamiento y al tratamiento médico inconsistente”, dijo.
Chanthon Bun courageously sharing his story as a Southeast refugee child who was resettled in community that was over-criminalized and under-resourced. Sentenced to state prison as a youth. Decades later he earned parole in 2020, but contracted COVID in San Quentin. 1/ pic.twitter.com/grh7JcRri5
— Angela Chan (@angelafchan) November 19, 2020
“Las personas a menudo permanecen en los centros durante largos períodos mientras las agencias negocian los términos de su deportación”, agregó.
La sorprendente cantidad de más de 100.000 presos fue liberada entre los meses de marzo y junio del presente año, de acuerdo con The Marshall Project y la agencia The Associated Press (AP).
Esa cifra se traduce en un 8% de disminución de los reclusos en todo el país desde inicios de la pandemia del coronavirus.