Corporación Venezolana de Guayana

Jueza española impide que el régimen de Nicolás Maduro acceda a 25 millones de euros bloqueados

Mientras continúan las conversaciones en México entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, el recurso interpuesto por la dictadura para disponer de los 25 millones de euros bloqueados en España de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) fue rechazado.

Fue la jueza española María Teresa Vázquez, del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, quien terminó denegando los fondos de la filial, la cual tiene una junta directiva nombrada por el presidente interino Juan Guaidó.

En la solicitud realizada por el régimen se encuentra la petición de medidas cautelares y el cese del administrador único de la CVG en territorio europeo, Enrique Castells, a quien el político opositor designó en 2019.

Ya en marzo de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela consideró como ilegal y nulo dicho nombramiento.

Caso CVG: ¿cuál es el problema?

Vázquez, además de rechazar el recurso interpuesto, criticó a Maduro por usarlo como una “medida de presión” para lograr sus propósitos, de acuerdo con el diario El Mundo.

Se conoce que el dinero de la casa matriz, compuesta por diferentes empresas básicas, se encuentra retenido en al menos tres bancos españoles y a la espera de que se resuelva el conflicto político-administrativo entre Maduro y Guaidó.

Oficialmente, el nombre de Castells y el de otros miembros de la junta directiva no aparecieron en la Gaceta Oficial que demuestra públicamente la designación de los cargos.

Sin embargo, el ingeniero químico y presidente ‘Ad Hoc’ de la Corporación Venezolana de Guayana sí fue admitido como su representante único ante el Registro Mercantil de España a partir de enero de 2020, debido al reconocimiento de la Unión Europea (UE) a Guaidó como presidente interino en 2019.

Este año, la UE ha mostrado otra postura sobre Guaidó, por lo que el régimen aprovechó para esgrimir otro recurso legal a principios de 2021 ante el Registro Mercantil.

En ese entonces se solicitó que se prohibiera la inscripción de Castells, pero la petición acabó siendo igualmente rechazada por la Justicia española.

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