En horas de la mañana de este miércoles entró en vigencia una estricta ley en Texas que prohíbe los abortos a partir de las seis semanas, es decir, cuando apenas se alcanza a registrar un latido fetal.
Esto ocurrió luego de que, según CNN, “la Corte Suprema y una Corte Federal de apelaciones no resolvieran las solicitudes de emergencia pendientes presentadas por los proveedores de servicios de aborto”.
Esta ley “pro-vida” es una excepción a una serie de proyectos similares que han sido suspendidos antes de siquiera permitírseles entrar en vigor.
Mientras que la Corte Suprema se niega a hablar sobre el asunto, un tribunal federal inferior igualmente se negó a suspender o bloquear la ley debido a que, en comparación con otras leyes de “latidos del corazón”, esta medida no estipula sanciones penales sino civiles.
Todos son posibles acusados
CNN destacó que la medida “estaba destinada a hacer mucho más difícil presentar un desafío previo a la aplicación de la ley porque no hay funcionarios gubernamentales habituales a quienes responsabilizar en los tribunales”.
Lo que la ley permite es que los ciudadanos privados puedan, en cualquier parte de Estados Unidos, “presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a solicitar un aborto en violación de la prohibición”.
Por otra parte, el New York Times aclaró que si bien una paciente no sea necesariamente demandada, todos los demás involucrados en trasladarla a un centro donde se realiza esta práctica pueden estar en riesgo hasta de perder sus honorarios legales.
En cambio, “los demandantes, que no necesitan tener ninguna conexión con el asunto o mostrar ninguna lesión por ello, tienen derecho a $10,000 y, si ganan, se recuperan sus honorarios legales”, informó el Times.
Apelación de último minuto
A pesar de que los proveedores del servicio de aborto en el estado sureño intentaron frenar el avance de la ley con una apelación de último minuto ante la Corte Suprema, la Corte Federal refutó su solicitud de suspensión de emergencia.
Lo alegado para intentar postergar la ley fue que la legislación “reduciría de manera inmediata y catastrófica el acceso al aborto en Texas, excluyendo la atención de al menos el 85% de los abortos en pacientes texanas que tienen seis semanas encinta o más, y es probable el cierre de muchas clínicas de aborto”.
Pese a ello, los proveedores del servicio de aborto quedaron escasos de pruebas sobre la posibilidad de que sean inmediatamente demandados, por ende no procedió la pretendida suspensión en los tribunales.
Entre tanto, próximamente la Corte Suprema abordará un caso que supone el desafío a una ley de Misisipi que prohíbe los abortos luego de las 15 semanas.
Una “carga indebida” está en disputa por dicha ley que implicaría un desafío a los derechos relacionados con la privacidad de la mujer, adjudicados en Planned Parenthood v. Casey, para obtener un aborto.
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