El gobierno argentino de Alberto Fernández está en el ojo de la opinión pública debido a que la Cámara Federal reabrió una parte de la causa que investiga el “vacunatorio VIP”, una vacunación privilegiada.
El expediente sobre el vacunatorio VIP fue archivado por órdenes de María Eugenia Capuchetti, una jueza que alegó que no había delito ya que el Código Penal no sanciona los “tratos especiales”.
De esa manera, a los 65 empresarios y periodistas que fueron inmunizados se les removió su imputación y, según RT, “solo se mantenía en pie la investigación en contra del exministro de Salud, Ginés González García, y otros tres exfuncionarios”.
Ahora, este lunes, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens lograron que se revocara la decisión de Capuchetti y un total de 70 imputados son nuevamente investigados.
“Será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, dice el fallo de los jueces.
Bruglia, Bertuzzi y Llorens señalaron que la pregunta central es por qué estas personas gozaron de esas vacunas y no el resto de argentinos que viven en las mismas condiciones en lo que respecta al covid-19.
El caso
Nadie había descubierto lo sucedido hasta que el 18 de febrero de este año el periodista Horacio Verbitsky afirmó en un programa de radio que había sido vacunado contra el virus en el Ministerio de Salud, agradeciéndole por eso a Ginés González García, entonces ministro de Salud.
Cabe destacar que ese Ministerio no era uno de los centros oficiales de vacunación, por lo que claramente la opinión pública estalló en críticas.
Poco después, se descubrieron más beneficiados por la ayuda de González García, entre ellos Eduardo Duhalde, expresidente de Argentina, su esposa Hilda Duhalde y sus hijos.
Como consecuencia, Fernández solicitó la dimisión de González García por haber tomado ventajas de su cargo para ayudar a sus amigos. En ese entonces, Capuchetti dijo que la indignación social provocada no era suficiente para un castigo penal.
Otro escándalo en pandemia
Las mentiras de la administración Fernández sobre el respeto aplicado por esta y sus allegados a las restricciones y normas contra el covid-19 quedaron expuestas en fotos divulgadas por dos periodistas opositores.
En ellas se vio que el 14 de julio del año pasado, cuando todo el país estaba bajo estrictas normas de bioseguridad, la primera dama Fabiola Yáñez realizó lo que el presidente catalogó como “un brindis”.
En julio de este año, un tuitero viralizó en redes sociales las listas oficiales de quienes asistieron a la residencia presidencial de Olivos durante 2020, y gracias a ello se conoció que los amigos de Yáñez entraron de noche y salieron de madrugada.
La respuesta de Alberto Fernández, quien fue imputado el viernes pasado junto con su esposa y sus 9 invitados, fue aceptar lo ocurrido y decir que ese “brindis no debió haberse hecho”. También declaró que ese episodio no lo haría “doblegarse”.
Según RT, “horas antes de ser imputado Fernández ofreció una reparación económica para cerrar la causa iniciada en su contra por haber violado las normas que él mismo impuso al resto de la población”.
Esa “reparación económica” se traduce en donar la mitad de su sueldo como presidente por un periodo de cuatro meses a un hospital.
Fernández y su esposa violaron la cuarentena impuesta por él. Su decreto condena a los infractores con un tiempo en la cárcel que va desde los seis meses hasta los dos años.
Bitcoin :
Tether :
