Según el medio australiano The Sydney Morning Herald, el Consejo de Bourke Shire, en Nueva Gales del Sur, Australia, mató a tiros a un grupo de perros confiscados bajo el argumento de que estaban aplicando “restricciones de covid-19”.
Los canes debían ser trasladados la semana pasada hacia un refugio de animales en la ciudad de Cobar. La Oficina de Gobierno Local (OLG) dijo que la medida se aplicó para evitar que los voluntarios encargados se desplazaran y tomaran a los perros.
“Se informó a OLG que el consejo decidió tomar este curso de acción para proteger a sus empleados y la comunidad, incluidas las poblaciones aborígenes vulnerables, del riesgo de transmisión de covid-19”, declaró un portavoz de la Oficina, ente controlador del Consejo.
Varios activistas de los animales comenzaron a denunciar lo ocurrido, y ahora el gobierno está realizando una investigación al respecto.
Según el portavoz de la Oficina, se están investigando las circunstancias del cruel suceso para determinar si en realidad hubo violaciones de las leyes de prevención de la crueldad y los animales de compañía.
Por su parte, el Herald obtuvo una declaración de una fuente relacionada con el caso, la cual expresó que los voluntarios se habían preparado con medidas anticovid para tratar con los perros.
Casos del virus
A pesar de que en Cobar se han reportado hallazgos de fragmentos de coronavirus en el sistema de alcantarillado, el sistema de salud pública de Nueva Gales del Sur informó que no se han reportado contagios locales.
En ese sentido, la activista de Liberación Animal, Lisa Ryan, dijo que rechazan “totalmente las inaceptables justificaciones del Consejo de que esta matanza aparentemente se llevó a cabo como parte de un plan seguro contra el covid-19”.
Ryan señaló que la noticia tiene al grupo activista angustiado y consternado, y solicitó una investigación sobre ello.
Matanza de los perros
Shelley Hancock, ministra de la Oficina del Gobierno Local, fue cuestionada en marzo acerca de si tenía conocimiento de que los perros estaban recibiendo disparos para su posterior sacrificio. Dijo que no sabía sobre esas actividades, pero que “si fuera un práctica, me preocuparía”.
Más adelante, comentó que los ayuntamientos no tienen la obligación de notificarle al gobierno sobre cómo matan a los animales.
Para Ryan, esas respuestas solo significan que Hancock está “claramente ajena a la realidad de los serios problemas que involucran a muchas perreras del Consejo de Nueva Gales”.
Otra activista de los animales, Abigail Boyd, portavoz de bienestar animal de los Verdes, criticó al gobierno diciendo: “mientras que el gobierno nacional-liberal hace tonterías sobre cuestiones de bienestar animal, se están matando más animales”.
“Las perreras del Consejo son pagadas por las comunidades locales, y está claro que disparar a los perros perdidos y no reclamados alojados en estas instalaciones financiadas con fondos públicos está muy por debajo de las expectativas de la comunidad”, añadió.
Órdenes sobre las perreras
De acuerdo con el portavoz de la Oficina de Gobierno Local, esta había informado a sus consejos la manera en que las perreras serían manejadas mientras siga en curso la pandemia del coronavirus.
Entre las instrucciones estaba la del cambio de procedimientos para que tanto el personal como los voluntarios permanezcan seguros, además de que los servicios prestados sigan activos.
“También se alienta a los consejos a que continúen trabajando con organizaciones de realojo y voluntarios para cuidar a los animales, cuando eso se pueda llevar a cabo de acuerdo con los consejos del sistema de salud pública”, destacó el portavoz.
Las perreras y los refugios de la localidad estarán abiertos al público y deben priorizar la adopción de perros sobre la compra “según los consejos del sistema de salud pública”, dijo la Oficina.
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