El Comité Nacional de Paro de Colombia anunció la suspensión temporal de las movilizaciones en el territorio nacional luego de casi 50 días consecutivos, con decenas de fallecidos, heridos y desaparecidos.
Aunque advirtió que la protesta sigue vigente porque “las causas son las mismas”, el movimiento que no incluye todos los sectores descontentos con la política del presidente Iván Duque enfatizó una nueva ruta de acción.
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, expuso en la declaratoria del comité lo que considera como faltas del gobierno ante el acercamiento durante las negociaciones hace semanas.
Ahora el comité da pie a una “nueva fase” de la protesta, en la cual se prioriza la discusión del compendio de propuestas y demandas con varios sectores de la población.
Nuevo rumbo
En este nuevo rumbo que aboga el Comité Nacional de Paro, se contempla reciclar planteamientos plasmados hace más de un año en el pliego de emergencia, donde se estipula la vacunación masiva y una política más eficaz para la producción nacional.
También se incluye la creación de una renta básica mensual para 7,5 millones de familias neogranadinas en situación precaria, una política de matrícula cero, entrega de subsidios para atender nóminas de pequeñas y medianas empresas, entre otras exigencias.
Asimismo, prevén una nueva marcha nacional contra las “políticas neoliberales del gobierno de Duque” para el próximo 20 de julio, día en el que se entregarán algunos proyectos de ley en el Congreso.
Derechos Humanos
Manchadas por denuncias sobre el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas policiales, las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril están en el foco de las organizaciones regionales e internacionales de Derechos Humanos.
Mientras que el conteo del Ministerio de Defensa de Duque informa que el saldo fatal en casi 50 días fue de 53 muertes, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registraron 76 homicidios hasta el 10 de junio.
De momento, la mirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su organismo adscrito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), supervisó de cerca la situación en una “visita de trabajo” hace una semana, para detallar posibles delitos.
Se espera que la OEA, a través de un informe escrito, se pronuncie en los próximos días sobre su evaluación de los testimonios de los agentes de seguridad y manifestantes, además de ofrecer sus recomendaciones.
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