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Comité Nacional de Paro en Colombia se compromete al desbloqueo vial

En el marco de una nueva ronda de diálogos en Colombia entre el gobierno de Iván Duque y los miembros del Comité Nacional de Paro, los líderes de la protesta sostuvieron su voluntad de remover los bloqueos en las principales vías del país.

La estrategia de presión, que lleva más de un mes en vigencia, ha desescalado en la última semana según el diario local El Tiempo. Este paso es fundamental para los diálogos con la administración de Duque.

El monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores del diálogo entre ambas partes, confirmó el desbloqueo vial en más de 30 puntos, llamados “puntos de resistencia” por Nelson Alarcón, del comité, quien lo ve como una muestra de voluntad más para ahorrarle excusas al gobierno nacional.

Nueva etapa del diálogo

En lo que respecta a una nueva etapa del diálogo que arrancó este martes, las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el comité giran entorno al punto inicial del oficialismo de retirar los bloqueos viales.

“Requerimos no solamente que haya un repudio categórico a los bloqueos, sino que se den instrucciones para levantarlos. Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación; el país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado”, le dijo Duque al diario El País.

La controversial militarización de las áreas claves, es decir, donde hay focos de manifestaciones más concurridas, hasta ahora se traduce en más violencia y denuncias contra las fuerzas de seguridad del país.

¿Qué se espera?

Las organizaciones no gubernamentales neogranadinas han pedido que esté presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que confirmó su visita de trabajo en tierras colombianas desde el 8 hasta el 10 de junio, para ver de cerca el conflicto.

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, solicitó una investigación independiente que aclare la legalidad sobre los crímenes realizados en las protestas, además de penalizar a los responsables.

Hasta ahora, el índice de violencia arroja un saldo de, según la Fiscalía, 48 muertos, cifra que contrasta con las 71 víctimas de homicidio contabilizadas por Indepaz, señaladas en su mayoría como consecuencia de la violencia por agentes de la fuerza pública.

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