Este viernes se cumple exactamente un mes del inicio de la convulsión de Colombia a través de una serie de protestas que han dejado múltiples muertos y heridos, y ahora lo que muchos se preguntan es: ¿qué está por venir?
La situación actual es un gobierno en manos de Iván Duque que se ha visto fracturado por las manifestaciones y el descontento por la manera en que se dirige el país.
También está la renuncia de varios funcionarios, denuncias, y un intento de Duque por mantener con vida al uribismo mientras intenta seguir tomado de la mano de Estados Unidos, país que le da legitimidad.
La situación de Colombia ha sido contrastada por los conservadores y los medios de comunicación de derecha con las estallidos de Chile y Bolivia, que experimentaron conflictos por decisiones gubernamentales.
La diferencia es que a pesar de que Duque retiró la polémica reforma tributaria, los colombianos siguen en las calles debido al malestar socioeconómico, la desigualdad y otros factores que los aquejan desde hace años.
Y todo esto ocurre a un año de que lleguen las elecciones presidenciales, y en el camino hacia las urnas el uribismo solo tiene un vía de acción: mantener a ralla a sus enemigos.
Es por ello que apostará por un diálogo crítico a las manifestaciones, para así asegurar sus votos, si es que los manifestantes no se olvidan de mantener su foto político y electoral.
Duque, un presidente que perdió la aprobación de los partidos, agoniza con el desconocimiento por parte de los colombianos, la crisis del covid-19 y más recientemente la pérdida del nombramiento como sede de la Copa América, ha perdido poder interno.
Es por ello que le encomendó a la nueva canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, hablar con la “OCDE, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina de Naciones, OTAN, OEA y Naciones Unidas”, antiguos amigos del país.
Sin embargo, el uso de la fuerza del ejército colombiano por parte de Duque, así como la escalada de violencia en las calles, puede hacerlo perder el apoyo estadounidense.
Estratos de Colombia: la lucha de clases que precede a las protestas
Colombia no es igual que otros países, los cuales clasifican a sus ciudadanos según sus aptitudes económicas mediante su declaración de renta.
El país suramericano aplica una división que no se basa en los ingresos económicos, sino en cómo luce la vivienda del colombiano, de qué está hecha y en qué situación estructural están sus calles. Es decir, es una valoración espacial.
Esto es así desde 1985, cuando se empezó a buscar que las personas tuvieran acceso a los servicios de agua, electricidad y gas doméstico, los cuales fueron declarados como derecho fundamental en la Constitución de 1991.
Colombia tiene los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 1, 2 y 3 pertenecen a los pobres, mientras que los 5 y 6 son los adinerados y el 4 es el punto medio.
De esa manera, los estratos 5 y 6 pagan por los servicios de los más pobres, pero el 4 es un área gris que no se encarga ni de pagar ni de recibir, lo que dio pie a un sistema en el que se repartiría las riquezas debido a la desigualdad.
“La estratificación formalizó, desde el Estado, la desigualdad a través de un sistema de organización territorial que nos segrega como sociedad. Este es un país terriblemente racista, clasista, machista, excluyente, y los estratos profundizaron esa segregación que ahora está en la raíz de la violencia que vemos en las calles”, dijo Gerardo Ardilla, antropólogo.
De esa manera, a lo largo de los años estos estratos solo han servido para encasillar a las personas en un indicador de cultura, valores y capacidades.
De hecho, dependiendo del estrato, un colombiano podría o no acceder a un crédito en el banco, así como una beca estudiantil e incluso obtener un empleo.
La marcada desigualdad en Colombia, producto de estos estratos, es una segregación social legalizada por el gobierno, siendo evidenciada en Valle del Cauca y Cali, justamente donde las protestas son más pronunciadas.
Cali es una de las ciudades más pobres, y tiene “la sociedad más segregada y más racializada de un país ya marcado por el clasismo y el racismo”, según Lina Buchely, abogada y profesora del Instituto Colombiano de Estudios Superiores.
“Acá hay un estilo apartheid con el que nos enfrentamos constantemente, en el que las clases altas emergentes muestran su riqueza no solo con sus carros, sus casas y sus armas, sino con la cantidad de gente, casi siempre afrodescendientes, que emplean para lavar, planchar, cocinar o conducir el carro”, dijo Buchely.
Buchely destaca que son los más necesitados los que luchan en la “primera línea de las protestas. Aquellos que antes llamábamos ‘el lumpen’, los que nos limpian el parabrisas, los ‘ñeros’ que no veíamos nunca, los que viven del rebusque”.
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