Luego de un día más de manifestaciones en Colombia, el Palacio de Justicia perteneciente a la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, ardió la noche del martes en medio de las protestas violentas en las cercanías del recinto.
“Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”, expresó en un tweet el ministro de Justicia neogranadino, Wilson Ruiz.
Mientras que Diego Molano Aponte, ministro de Defensa, advirtió sobre la obstrucción de la justicia por parte de los vándalos responsables de la quema, diversas organizaciones que respaldan el paro nacional dijeron tener evidencias de que el incendio fue ocasionado por sujetos ajenos al movimiento.
Incendio y descontrol
El País de Cali, periódico colombiano, confirmó el decreto de la emergencia hasta media hora más tarde desde el inicio del incendio del Palacio alrededor de la 7:30 de la noche, hora colombiana.
Unidades del Cuerpo de Bomberos de Tuluá no lograron a tiempo hacerse paso entre el descontrol de la multitud que obstaculizaba la vía para apagar el “incendio estructural”, pero pudieron aplicar una especie de refrigeración en las paredes del recinto luego de una valoración y evitar que el fuego alcanzara las viviendas aledañas.
La oficina neogranadina de derechos humanos de las Naciones Unidas confirmó la muerte de Camilo Arango, estudiante partícipe de los disturbios en Tuluá durante esa noche.
Memoria traumática
Este hecho de violencia, que sobrepasa cualquier acto vandálico de orden público desde hace mucho tiempo, trae un vestigio de aquella memoria traumática del año 1985.
Ese año sucedió la toma del Palacio de Justicia en Bogotá que arrojó una treintena de muertes y decenas de desaparecidos en medio de una década oscura para Colombia, que sigue sin aclararse.
En la cruzada de acusaciones, el gobierno atribuyó rápidamente el incendio a los que apoyan el paro nacional, al tiempo que el movimiento del paro lo observa como una infiltración paramilitar a su protesta con el objetivo de desprestigiarla.
Protesta prolongada
Cabe destacar que tras un mes de manifestaciones y cierre de vías que paralizan los motores productivos colombianos, así como el desencuentro político entre los responsables, la polarización entre los dos bloques se amplía y complica aún más el escenario para desbloquear y lograr una solución efectiva.
Luego de reconsiderar la propuesta de reforma tributaria propuesta y derogar lo que fue la chispa del malestar social iniciado el 28 de abril, las protestas contra el gobierno de Iván Duque continuaron y hasta la fecha arrojan la cifra de 43 muertos.
El corazón del malestar social se ubica mayormente en Cali y Valle del Cauca, departamentos vecinos donde abunda el desempleo, la violencia de paramilitares, la pobreza, y en los cuales hubo más denuncias por vandalismo y brutalidad policíaca.
Inicio de conversaciones
En el inicio de conversaciones entre los responsables del paro, los miembros de diversos sectores políticos y el gobierno de Duque durante esta semana, los distintos actores dijeron que lograron avanzar.
La redacción de un preacuerdo nacional alcanzado en este acercamiento representa la piedra angular para el objetivo de instalar una “Mesa de Negociación”, según lo anunciado por el gobierno en una misiva.
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