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Ocupaciones ilegales amenazan con extinguir a la Amazonía

Un dato espeluznante de diversas organizaciones medioambientales contradice la promesa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la reciente Cumbre del Clima sobre acabar con la deforestación en la Amazonía hasta 2030.

Las ONG apuntan a que desde 2019 a 2020 se destruyó una zona de la Amazonía comparable con la geografía de Jamaica, en medio de un escenario que no luce bien si se aprueban leyes para flexibilizar la regularización de tierras ocupadas ilegalmente.

Los polémicos proyectos de ley PL 510/21 y PL 2633/20 son un replanteamiento de una propuesta parecida impulsada por Bolsonaro y la bancada ruralista que representa a los dueños de latifundios, y que fue rechazada el año pasado tras recibir cuantiosas quejas.

Mediante una misiva firmada por conglomerados empresariales como Tesco, National Pig Association y J Sainsbury, varios supermercados y productores europeos advirtieron al Ejecutivo sobre el boicot a los productos locales si continúa con su propósito. 

Antecedente de la ocupación en la Amazonía

Con la promesa de entregarles títulos a los ciudadanos y productores familiares de Brasil, la ocupación de los terrenos inició desde el primer año de la dictadura militar hace más de 50 años, cuando se les instó a ocupar la Amazonía frente a la supuesta codicia extranjera bajo el lema de “ocupar para no entregar”.

Desde entonces, dicho vacío legal dio pie al “grilagem”, que no es otra cosa que invadir un terreno, quemarlo para deforestarlo y colocar ganado antes de especular al momento de vender la tierra con falsas escrituras.

Este embauco ha causado innumerables peleas territoriales, así como una desforestación fuera de control, desplazando a comunidades originarias e indígenas.

Aun así, a un pequeño grupo de productores con sus familias que decidieron quedarse a trabajar la tierra de forma no violenta no se les ha cumplido la promesa de darles los títulos de propiedad.

Diversas organizaciones medioambientales alegan que con la actual ley vigente ya se puede vender a bajo precio u otorgar títulos de terrenos a los ocupantes que estuvieron antes del año 2011, refutando así el argumento gubernamental de que es necesario modificar la legislación para reconocer dichas tierras. 

Interés del gobierno en acelerar los procesos

La razón del gobierno para apresurar los procesos se basa en el argumento de regular la agricultura familiar, algo refutado por las ONG ya que es algo que también se puede hacer con la ley actual.

“Lo que se está intentando es cambiar la legislación para permitir una legalización de áreas que fueron ocupadas ilegalmente y más recientemente, justamente, cuando la deforestación comenzó a aumentar en la Amazonía”, aseveró a RT Brenda Brito, investigadora del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon).

El polémico proyecto de ley PL 510/21 permitiría, entre otras cosas, permisos para adquirir títulos de hasta 2.500 hectáreas de terreno sin inspecciones.

“El problema es que sin ir a la zona no se puede saber si hay un conflicto. Permitir un título de tierra sin saber si realmente está siendo ocupada de forma pacífica provocará más inseguridad jurídica, lo que potencializará los conflictos”, dijo Brito.

Por su parte, Imazon estimó que en el 28,5% de las tierras sin designación oficial de la Amazonía se desarrolla cerca del 40% de la deforestación anual en Brasil. El resto son tierras privadas, reservas naturales o indígenas.

Por otro lado, el Fondo Mundial de la Naturaleza en Brasil indicó que para erradicar la deforestación ilegal “el reconocimiento de los derechos territoriales de los indígenas y las comunidades tradicionales es tan importante como el de los productores rurales”.

Flexibilización de exigencias ambientales

La flexibilización de varias exigencias ambientales fue aprobada hace poco en la Cámara de Diputados de Brasil mediante un proyecto de ley que aún debe pasar por el Senado, y que concede una vía libre a emprendimientos energéticos y agropecuarios.

Greenpeace, una organización medioambiental, condenó que Bolsonaro solo ha aprovechado el “caos” de la pandemia del covid-19 “para atender intereses particulares del agronegocio”.

Asimismo, el Instituto Socioambiental advirtió que las medidas de Bolsonaro excluyen la participación de instituciones y fundaciones a favor de la biodiversidad y defensa indígena, lo cual “pone en riesgo los derechos de los pueblos indígenas, tradicionales y a las poblaciones locales”.

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