colombia

Protestas en Colombia: las claves para entender casi una semana de caos

El paro nacional que comenzó el 28 de abril como respuesta a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, se convirtió en una masiva protesta que continuó hasta este 3 de mayo, provocando la muerte de, según la Defensoría del Pueblo, 19 personas, mientras que organizaciones sociales aseguran que son muchas más.

Las manifestaciones han recibido el implacable y mortal abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional, soldados, y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Las muertes reportadas por la Defensoría del Pueblo ocurrieron en Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca), Medellín y Pereira.

Entre los homicidios se encuentra el de Jesús Alberto Solano, capitán de la Policía, quien perdió la vida por una apuñalada en Soacha.

Al respecto de estas 19 muertes, Carlos Camargo, defensor del pueblo, le exigió a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a otras entidades que ofrezcan información sobre el avance de sus investigaciones.

No hay acuerdo sobre las cifras de víctimas

Hasta ahora, pese a que el Estado dio su informe oficial de muertes y heridos, no hay un consenso entre ellos y las organizaciones sociales, las cuales aseguran que los números son mayores.

Se han recibido un total de 140 quejas por muertes, desapariciones de personas, abuso policial, violencia sexual y cientos de heridos, todos los crímenes presuntamente realizados por las fuerzas policiales.

Organizaciones sociales de Colombia reportaron, en contraste con la Defensoría, un total de 26 muertos, además de 142 víctimas de violencia física por parte de fuerzas de seguridad, 761 detenciones arbitrarias y 56 quejas por desapariciones.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), dijo el lunes que “al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa detalló que hasta el lunes se habían contabilizado 306 civiles y 540 policías lesionados, así como más de 800 heridos.

Con Cali como la ciudad de foco de las protestas y caos, Diego Molano, ministro de Defensa, desplegó a 4.000 funcionarios de seguridad. Asimismo, detalló que habían sido aprehendidas 465 personas, entre ellas 34 menores de edad.

Las autoridades desconocen hasta ahora la identidad de varios de los muertos y heridos, y según Jorge Luis Vargas, director de la Policía, hay 26 investigaciones preliminares para determinar las circunstancias de las muertes y agresiones físicas, además de revelar si realmente hay funcionarios responsables por ellas.

Aseguran la presencia de las FARC y el ELN

Molano lamentó las muertes que han ocurrido en las manifestaciones, y aseguró que son consecuencia de las acciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN”, declaró Molano.

El pueblo contra el pueblo

Por otro lado, la revista Semana informó que sectores de la población se enfrentan a grupos de manifestantes que ocasionan bloqueos en las vías principales, lo que dificulta el abastecimiento de alimentos, combustible y otros recursos.

Un hombre que se disponía a salir de Ciudad Jardín, un barrio de Cali, para supuestamente comprar enceres, disparó un arma de fuego luego de que varias personas bloquearan su paso.

“Este mensaje es urgente, lo están logrando, están poniendo al pueblo a pelear contra el pueblo. Tuvimos un altercado peligroso con los vecinos del barrio de Ciudad Jardín, pues les están diciendo que somos guerrilleros y terroristas. Los señores están asustados y no saben qué hacer, por la desinformación”, le dijo un manifestante a la revista.

Bogotá ha experimentado bloqueos y enfrentamientos entre manifestantes y policías en la autopista sur, mientras que el transporte público de Medellín se ha visto en problemas.

Reforma tributaria

Iván Duque planteó una reforma tributaria hace dos semanas que contemplaba el aumento de los impuestos a través de la suma de más contribuyentes e iniciar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un 19% en los servicios públicos.

Además, se planeaba gravar la renta de las clases medias y altas del país.

La meta del gobierno era recolectar cerca de $6.800 millones para enfrentar la crisis generada por el covid-19, apoyar los programas sociales para los más necesitados y contribuir con las finanzas públicas.

Como consecuencia de las protestas, Duque anunció el domingo el retiro de la reforma. Asimismo, quien había diseñado la ley, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia.

“La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, dijo Duque.

Como parte de la defensa de Duque para la implementación de la reforma, varios economistas han dicho que Colombia necesita de esa ley para recolectar fondos y mantener su estabilidad y reputación en los mercados internacionales.

Los expertos en economía dijeron que la reforma era ambiciosa, inoportuna e insuficiente en la situación de pandemia actual. Además, para una política de centro-derecha, era realmente progresista.

¿Qué exigen los manifestantes?

A pesar de que se haya logrado el retiro de la reforma, las protestas siguen en las calles, y es que el pueblo tiene más de 100 quejas contra el gobierno. Sin embargo, la fuerza de las manifestaciones se concentra en tres aspectos.

La primera exigencia es una economía igualitaria. Los manifestantes critican que la economía del país está atada al “clientelismo político”, algo que ha hecho que desde hace años los oligopolios de la industria del banano, el azúcar y la minería no paguen impuestos, y que tampoco exista una competencia abierta.

Se pide que se elimine la desigualdad económica, la pobreza y el clientelismo, factores que colaboraron en el posicionamiento de Colombia como el segundo país más desigual de Latinoamérica, y el séptimo en todo el mundo.

En este punto también está la democratización de la salud y de la educación.

La segunda exigencia es una reforma a la policía. Con un registro de abuso de la fuerza que data de hace 60 años, los manifestantes piden que sean tratados por las fuerzas de seguridad como civiles con derechos democráticos.

La ONG Temblores informó en las actuales protestas el registro de 940 actos de violencia policial, así como la investigación de ocho personas muertas que supuestamente habrían sido atacadas por funcionarios.

Lo que se exige es que la reforma sea aplicada sobre el Esmad, además de que el grupo, quien ha reprimido las manifestaciones, sea desmantelado.

La diferencia entre la policía de Colombia y la de otros países es que esta forma parte del Ministerio de Defensa, y sus funciones están prácticamente adaptadas para la guerra.

Iván Duque anunció recientemente una “justicia militar”, que no está ligada al Ministerio de Defensa y tendrá “independencia financiera, administrativa y operacional”. La medida fue criticada porque supone juicios realizados por militares, y a manos del presidente.

La tercera exigencia es un acuerdo de paz. Por último, el pueblo colombiano está colocando sobre la mesa que se aplique de manera efectiva el acuerdo de paz logrado por la administración de Juan Manuel Santos en 2016 con las FARC.

Las denuncias establecen que la gestión de Duque no ha usado el acuerdo como debería, lo que ocasionado el incremento de asesinatos, desplazamientos de poblaciones y masacres.

Quienes están protestando nacieron y se criaron en una Colombia en la que se sentía un ambiente de guerra, y lo que desean es que se terminen los conflictos y se de paso a debates pacíficos sobre temas que hoy están prohibidos.

La política de Duque contra las guerrillas es la apuesta por las aspersiones con glisofato de cultivos de hoja de coca, algo que fue eliminado por consejo de la Organización Mundial de la Salud en 2015, además de varias protestas.

Duque proviene del uribismo, y la preocupación es que su política es la prueba de que ese movimiento no quiere “pasar la página del conflicto porque le conviene para su discurso guerrerista”.

Deja un comentario

Donaciones

Donate

Paypal:

X