El Salvador se convirtió en polémica durante el fin de semana luego de que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa destituyera el sábado a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional, y ese mismo día en la noche también designara a sus reemplazos, sin cumplir con el proceso de postulaciones.
La medida fue autorizada con un total de 64 votos a favor y 20 en contra, además de recibir el total respaldo del presidente del país, Nayib Bukele. La controversial decisión ocurrió en la primera sesión de la Asamblea.
La defensa de Bukele sobre las destituciones es que son una “transformación” que El Salvador requiere, y que “estamos limpiando nuestra casa”.
“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa…. y eso no es de su incumbencia”, dijo Bukele en un tweet a los críticos.
Una decisión que acompañó a las destituciones fue la eliminación de Raúl Melara del cargo de fiscal general, cambiándolo por Rodolfo Delgado.
Bukele y Melara son funcionarios que se habían enfrentado por sus posturas contrarias, y el presidente salvadoreño aseguraba que Melara tenía relaciones con Arena, partido opositor a su gobierno.
¿Es un autogolpe de Estado?
Usuarios en redes sociales, opositores, presidentes de otros países, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watchs (HRW) comenzaron a atacar a Bukele y acusarlo de un supuesto autogolpe de Estado.
A Bukele se le acusa de una presunta violación a la independencia de los poderes del país, además de la amenaza que representa que su gobierno se convierta en una fuerza autoritaria.
La respuesta de Bukele ante las críticas fue la siguiente: “todos, absolutamente todos los que critican desde otros países, pidieran hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Déjense de hipocresías. El 75% del pueblo salvadoreño votó en elecciones libres por el cambio que estamos viendo”.
¿Fueron legítimas las destituciones?
Según lo estipulado en el artículo 186 de la Constitución de El Salvador, la elección y la destitución de magistrados se aprueba con el voto a favor de dos tercios de los diputados, es decir, un total de 56 votos.
En las elecciones que se celebraron en febrero de este año, el partido Nuevas Ideas (NI), de Bukele, ganó 56 escaños en la Asamblea, además de otros cinco obtenidos por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Además, cabe destacar que a esos asientos se le sumaron dos del Partido Concertación Nacional (PCN), y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Las votaciones para las destituciones de los cinco magistrados resultaron en 64 votos a favor y 20 en contra.
Defensa y crítica
Suecy Callejas Estrada, diputada defensora del proceso, dijo que “la Sala se auto convirtió en un súper poder frente al Legislativo y Judicial, quebrantando el equilibrio del Estado de Derecho. Continuaremos trabajando para limpiar nuestra casa”.
Por su parte, Rodrigo Ayala, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que “destituir funcionarios que impartieron justicia selectiva y extralimitaron, tergiversaron e ignoraron sus facultades a conveniencia, no es un golpe de Estado y mucho menos un ataque a la institucionalidad”.
Por otro lado, las críticas comenzaron a llegar desde la Sala de lo Constitucional en un comunicado publicado en Twitter, alegando que las destituciones se traducen en el control del poder por parte de Bukele.
“La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”, reza el documento.
Sin embargo, esa denuncia fue borrada durante el domingo, siendo la razón de su eliminación, según Bukele, que esa postura pertenecía a los integrantes destituidos, y ya habían nuevos jueces en los cargos.
Kamala Harris y la OEA
La postura de Estados Unidos no se hizo esperar. Kamala Harris, vicepresidenta del país, declaró que les “preocupa profundamente la democracia de El Salvador. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”.
Por su parte, la OEA, cuyo trabajo ha sido criticado en países con crisis como Venezuela y Ecuador, dijo: “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales… cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios”.
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