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Estas son las claves del conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela

En un cruce de acusaciones entre la Casa de Nariño y Miraflores, Colombia y Venezuela se acusan mutuamente de la responsabilidad ante un conflicto fronterizo entre el Ejército venezolano y grupos irregulares armados en el estado limítrofe de Apure.

Los señalamientos por parte de Colombia hacia el régimen de Nicolás Maduro por amparar grupos de narcotraficantes son refutados por la acusación de Venezuela contra el gobierno de Iván Duque por descuidar el área limítrofe entre ambas naciones.

El saldo de los enfrentamientos armados ha sido la muerte de ocho miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo ataques con minas antipersonas, atentados contra organismos públicos en Venezuela y el desplazamiento de población civil cercana.

¿Cómo comenzó la disputa?

Desde hace 15 días el régimen venezolano dio pie a una operación denominada “Escudo Bolivariano”, la cual tiene como objetivo combatir la ocupación de grupos irregulares colombianos del estado fronterizo de Apure y poblados como La Victoria y Arauquita.

Ante la aparente ausencia de autoridades colombianas en su lado del control fronterizo, Caracas actuó contra los campamentos de organizaciones irregulares y señaló esto como un intento de “tercerizar” un conflicto con Venezuela, y apuntó a Bogotá de prestar apoyo logístico a dichas células terroristas.

¿Cuáles grupos irregulares combaten?

El ministro de defensa del régimen, Vladimir Padrino López, dejó en claro que el Ejército venezolano “los combatirá a todos por igual”, pero no especificó de cuáles grupos terroristas estaba hablando, aunque sí dijo que son organizaciones con fines criminales y de naturaleza diversa.

¿Cuántos muertos lleva el enfrentamiento?

El reciente informe de las autoridades del régimen de Maduro detalló seis campamentos destruidos, un saldo de 9 individuos irregulares muertos, ocho soldados venezolanos fallecidos y más de una treintena de heridos, así como la captura de otras 33 personas acusadas de pertenecer a estas organizaciones ilegales.

¿Y la población civil?

Aunque se realizó fuera de las zonas urbanas de Apure, el operativo Escudo Bolivariano produjo una escalada de enfrentamientos importantes que habrían provocado la movilización de parte de la población civil que hace vida en La Victoria hasta el poblado colombiano de Arauquita.

Por su parte, el gobierno colombiano emitió un comunicado luego de registrarse el desplazamiento masivo de personas y expresó su “preocupación” ante el conteo de hasta 5.000 personas, según cifras del Estado, al mismo tiempo que exigió la presencia internacional en la zona en conflicto.

Jorge Arreaza, canciller del régimen venezolano, ironizó la situación tras comparar la proyección poblacional del pueblo de La Victoria para el año 2021, de unos 3.500 habitantes, con la cifra expuesta por el gobierno colombiano.

¿Por qué no hay cooperación en el combate armado entre Colombia y Venezuela?

Aún con más de dos semanas de operaciones militares en la zona, hasta el momento no existe cooperación alguna en el combate armado entre Colombia y Venezuela.

“Toda la violencia y todos los males de Colombia se están viniendo para Venezuela y no hay quien controle”, denunció el pasado lunes el ministro de Defensa venezolano.

Bogotá, por su parte, refuta todo señalamiento de “tercerizar” algún conflicto o de traspasar a Venezuela los flagelos que sufre el territorio colombiano desde hace más de 50 años, y mantiene su posición hostil contra el régimen de Nicolás Maduro, desconocido por Colombia como presidente tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país.

Zona Operativa de defensa Integral Temporal Especial

A pesar de la “normalización” de la situación en Apure por el régimen venezolano, se anunció una “Zona Operativa de defensa Integral Temporal Especial” en tres municipios de ese estado: Muñoz, Páez y Rómulo Gallegos. ¿El propósito? Regular el tráfico migratorio irregular y restringir la circulación para detectar cualquier movimiento.

Los controles de movilidad incluyen medidas extraordinarias como el permiso otorgado a las autoridades venezolanas de efectuar inspecciones en distintas propiedades, así como el desalojo y la intervención de la FANB para restablecer el libre tránsito en zonas rurales y urbanas en caso de ser interrumpidas.

De igual manera, los ciudadanos deberán informar con anterioridad a las autoridades sobre cualquier cambio de residencia, así como los ingresos y salidas del país.

El régimen venezolano ha pedido la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder levantar las minas antipersonas instaladas por los grupos irregulares, así como para que pueda ejercer de intermediario en un esfuerzo para que Colombia “trabaje en conjunto” en el proceso de resguardar la frontera.

Del mismo modo, Arreaza le solicitó al gobierno de México, que ahora mismo preside la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac), “abrir canales de comunicación” con Colombia para mantener el legado de “zona de paz” de la organización, así como le exigió a la ONU activar el mecanismo de “back channel”, o “canal trasero”.

La petición de “canal trasero”, hecha por Arreaza para coordinar acciones de seguridad con Colombia, precedió a la disposición de diálogo del canciller con su homóloga, Claudia Blum, quien reconoció que los esfuerzos por lograrlo no han tenido éxito hasta el momento.

¿Cuál es la posición de Colombia?

Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, reiteró en una entrevista con el diario El Tiempo que el Ejército venezolano atacaba a la facción narcoterrorista de “Iván Mordisco”, supuestamente para ceder la zona de Apure a las disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tales acusaciones de Molano fueron descalificadas por Arreaza como “absurdas, esquizoides y fantasiosas”. Molano fue más allá al aseverar, sin prueba alguna, que el objetivo principal del despliegue de la FANB era “la protección del negocio del narcotráfico”.

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