G7 Myanmar

Protestas en Myanmar: el G7 se pronuncia en contra de la violencia

Este martes, el Grupo de los Siete, conocido como G7, condenó de manera firme la reacción de las Fuerzas Armadas de Myanmar ante las protestas que han ocurrido en contra del Golpe de Estado del 1 de febrero.

De acuerdo con un comunicado del G7, “el uso de munición real contra personas desarmadas es inaceptable. Cualquiera que responda a las protestas pacíficas con violencia debe rendir cuentas”.

Asimismo, los líderes del grupo han solicitado a los militares que moderen su accionar, e instaron al respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.

Los manifestantes anti golpistas salieron a las calles para protestar a favor de la democracia en el país, desde que el poder militar diera un Golpe de Estado el 1 de febrero. El objetivo es lograr la liberación de Aung San Suu Kyi, líder civil derrocada, y el presidente Win Myint.

Entre tanto, los militares han declarado el estado de emergencia y establecieron elecciones para dentro de un año. En las semanas que han transcurrido con fuertes protestas, han muerto tres manifestantes a causa de disparos.

Este martes los ciudadanos de Myanmar volvieron a las calles, pero con un menor número de personas.

La postura que hasta ahora mantiene el poder militar es que las elecciones que se celebraron en noviembre de 2020 fueron arregladas para que resultara victoriosa la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi. La denuncia fue negada por la comisión electoral de Myanmar.

Malasia

Por otro lado, Malasia reportó la deportación de 1.086 ciudadanos provenientes de Myanmar. Ante ello, el Tribunal Supremo de Kuala Lumpur concedió una orden judicial para que el exilio de esas personas se detuviera, a la espera de una apelación por parte de Amnistía Internacional y Asylum Access, ambas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Estos organismos señalaron que entre las personas que solicitaron asilo ante Malasia hay menores de edad, por lo que el país incumple con obligaciones internacionales al tomar la decisión de los destierros.

Retorno voluntario

“Todos los deportados acordaron regresar por su propia voluntad, sin ser forzados”, dijo Khairul Dzaimee Daud, jefe de inmigración de Malasia.

Lo que no queda claro es por qué regresó una cantidad menor a la indicada por las autoridades migratorias, que ascendía a 1.200 detenidos.

Por su parte, la junta que realizó el Golpe de Estado le ofreció a Malasia la repatriación de los inmigrantes mediante el uso de barcos de la Armada, los cuales serían enviados por el gobierno autoproclamado.

Ante estos hechos, Estados Unidos y organizaciones de Derechos Humanos le insistieron a Malasia que detuviera el destierro, argumentando que esa actividad le da fuerza al nuevo gobierno militar y legitima la represión.

Asimismo, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que su país respalda el deseo de Myanmar de recuperar su “gobierno elegido democráticamente”.

Los rohingya

Por otro lado, Daud explicó que parte de los inmigrantes que pidieron el asilo no son integrantes de rohingya, una minoría musulmana que, según la ONU, es víctima de una “limpieza étnica” y que Myanmar no reconoce como parte de sus ciudadanos.

Medidas de Facebook

El domingo, el gigante tecnológico liderado por Mark Zuckerberg publicó un comunicado en el que anunció la eliminación de una página que estaba dirigida por la junta militar con el propósito de incitar a la violencia.

“Esta mañana, de acuerdo con nuestras políticas globales, eliminamos la página del equipo de información de Tatmadaw True News de Facebook por repetidas violaciones de nuestros Estándares Comunitarios que prohíben la incitación a la violencia y la coordinación de daños”, según la empresa.

Instan al diálogo

Varios representantes de los países del mundo han reiterado la decisión de realizar un diálogo que resuelva el conflicto. Tal es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que pidió “poner fin a la violencia contra los manifestantes y, en cambio, abrir el diálogo”, además de solicitar la liberación de Suu Kyi y a Win Myint.

Por su parte, Josep Borrell, jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, criticó la fuerza de los militares en contra de los manifestantes y pidió que detuvieran los ataques en contra de los ciudadanos de Myanmar.

Sin embargo, el domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar publicó un comunicado en el que se mantienen firmes ante el argumento de que la toma del poder es “constitucional”.

“A pesar de las manifestaciones ilegales, las incitaciones a los disturbios y la violencia, las autoridades interesadas están ejerciendo la máxima moderación mediante el uso mínimo de la fuerza para hacer frente a los disturbios”, dijo el Ministerio, además de subrayar que los funcionarios aplican la seguridad de acuerdo con lo establecido en las leyes del país.

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